“EL SUICIDIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MEDIO DE UNA EPIDEMIA SOCIAL DE APATÍA”

“EL SUICIDIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MEDIO DE UNA EPIDEMIA SOCIAL DE APATÍA”

En este breve artículo me propongo consignar los pormenores de una experiencia asistencial vinculada con una tasa alarmante de suicidios infanto juveniles que se reportan actualmente en una localidad del norte de la República Argentina.

Los datos a consignar podrán ser contemplados desde diferentes órbitas, ya sea la órbita que se ocupe de considerar los móviles psíquicos que se reconocen en aquellos jóvenes que sobrevivieron a sus propios intentos por quitarse la vida; o bien la que se interese por reconocer la degradación psíquica y moral de los que acaso han sido sus victimarios cuando los golpearon, ignoraron o incluso abusaron sexualmente de ellos en el curso de su infancia, o la que inferir la psicopatología de aquellos adultos cómplices e indolentes que habiendo sido testigos de esas situaciones abusivas infantiles se abstuvieron de intervenir, todo lo cual se habrá de integrar también en la órbita que pueda considerar a las  anteriores como manifestaciones de una comunidad socialmente enferma.

El tema a considerar obliga a abrir entonces un amplio espectro de interrogantes relativos al suicidio infanto – juvenil, al abuso sexual infantil, a la violencia doméstica y al deterioro antropológico epidémico que está afectando a toda una comunidad.

Estas páginas debieran servirnos para recalcar los deberes y facultades que nos asisten como progenitores, docentes, agentes de salud o sólo como simples ciudadanos, toda vez que una niña o un niño nos comunica que ha sido objeto de abuso sexual por parte de un adulto que en la mayoría de los casos pertenece a su entorno más cercano.

En orden a estos fines voy a consignar las consecuencias legales que el incumplimiento de este deber de denuncia comporta, así como las sanciones penales que pesan sobre todo aquel que abusare sexualmente de una niña o un niño, haciendo especial hincapié en las modificaciones legislativas recientes y sucesivas que en nuestro país han acercado el delito del abuso sexual infantil a la imprescriptibilidad, en atención a las secuelas de por vida que se reconocen con marcada frecuencia en aquellos que han sido abusados sexualmente en el curso de su infancia.

Por espacio de una semana hube de prestar servicios asistenciales en una localidad del norte de nuestro país, en una experiencia que terminó a principios del mes de octubre de 2016. Como médico psiquiatra fui parte de un grupo de profesionales de la salud de distintas especialidades que llegó hasta ese lugar con permiso del Ministerio de Salud Nacional y del Ministerio de Salud Provincial. El fin del emprendimiento consistió en prestar asistencia en una localidad que, de acuerdo a relevamientos oficiales recientes, resultaría ser la zona más carenciada del país desde el punto de vista sanitario.

Habiendo planificado el emprendimiento durante meses a través de reuniones periódicas, finalmente fuimos casi 70 los profesionales que viajamos después de haber aceptado los objetivos y las metas a cumplir. En orden a nuestros respectivos campos de acción, todos asumimos idénticos compromisos de asistencia, seguimiento y eventual traslado de los casos que nos tocara atender. Así es que, a la fecha, ya se ha efectivizado, por ejemplo, el traslado de una persona adulta afectada por un grave cuadro de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) quien está siendo asistida actualmente en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el curso de esa única semana se logró prestar asistencia a 5000 personas. Se trajeron 300 muestras de análisis de PAP[1] para ser analizadas en Buenos Aires y se practicaron además 163 intervenciones quirúrgicas (73 de ellas demandaron anestesia general y 90 se hicieron con anestesia local).

El equipo estaba formado por un laboratorista, un dermatólogo, un urólogo y varios subgrupos de profesionales especializados en: clínica médica, cardiología, ginecología y obstetricia, oftalmología, pediatría, cirugía, anestesiología de adultos y anestesiología de niños, instrumentación quirúrgica, diagnóstico por imágenes y odontología. Llegamos provistos de los aparatos  que demandan los oftalmólogos, los odontólogos y los anestesistas para desarrollar su actividad, y también llevamos ecógrafos, electrocardiógrafos, así como el instrumental pesado que se requiere para practicar radiografías e incluso mamografías.

Del número total de personas asistidas, varias de ellas pasaron por el clínico, el oftalmólogo, el ginecólogo y acaso también por el odontólogo en el curso de ese breve período.

Quienes viajamos sabíamos con antelación que nos íbamos a encontrar con la dolorosa realidad que se constata frente a entidades patológicas comunes cuando estas quedan libradas a su evolución natural. Así, en ausencia de cualquier intervención asistencial, sabíamos que nos tocaría asistir el deterioro avanzado que se constata en personas jóvenes con diabetes o  hipertensión arterial cuando no han sido beneficiarias de ningún tipo de tratamiento.

Desde hace algunos años también se habría iniciado en la zona un fenómeno creciente que a la fecha ha hecho lugar a que se hable de una “epidemia” de suicidios infanto-juveniles en ese distrito norteño de 35.000 habitantes. En orden a mi especialidad, sabía que debía prestar entonces especial atención en el reconocimiento de los indicadores que llevan a presumir la posibilidad de un desenlace suicida en las niñas, niños y jóvenes que me tocara asistir.

Llegado al hospital del lugar, el testimonio de algunas de las enfermeras  – una de las cuales refirió llevar más de 30 años de trabajo en ese nosocomio – me permitió conocer los nombres y las edades de decenas de niñas, niños y adolescentes que se ahorcaron, se dispararon o se envenenaron en el curso de los últimos años.

Algunos de los habitantes del lugar atribuyen la causa de este fenómeno a la llegada de la droga a la zona en estos últimos años. Por mi parte no descarto el papel que puedan jugar los estupefacientes como cofactores desencadenantes pero, desde lo que pude constatar, presumo que la naturaleza íntima de los suicidios infanto juveniles que ocurren en esa zona responde a una causalidad más amplia y compleja.

Para tener una idea de la magnitud cuantitativa de este fenómeno, vale consignar que en el curso de las tres semanas posteriores a nuestro regreso se mataron ya otros 4 (cuatro) chicos de esa misma localidad; tres de ellos se ahorcaron y el último se provocó la muerte a través de la ingesta de “veneno de león” (sustancia de fácil acceso en el lugar por cuanto habría pumas en la zona).

Volví hace pocas semanas; sin embargo, algunas gestiones pendientes  me llevan a sentir que todavía no pude regresar de ese sitio. Me falta llevar a término, por ejemplo, el proceso de traslado hacia una granja de recuperación situada en el Gran Buenos Aires de un chico de 15 años que consume cantidades exorbitantes de alcohol desde sus doce años de edad. Acaso cuando se consume ese traslado podré llegar a sentir que habré vuelto. Por ahora este chico y su madre están cumpliendo una etapa de preparación liderada por un sacerdote y por los miembros activos de una fundación solidaria que tiene asiento en ese lugar. Hay, por lo tanto, una gestión en curso que me compete y me compromete por cuanto se trata de un niño que de no recibir ayuda específica y calificada corre grave riesgo de vida.

Durante la mañana del segundo día de trabajo en ese hospital recibí la consulta de una joven de 19 años de edad; madre de un niño de dos años concebido con un novio con quien sostiene un vínculo de amor a pesar de no haber encontrado todavía el camino que les permita ir a vivir juntos conformando una nueva familia. En los comentarios y apreciaciones que hacía sobre sí, aquella chica demostraba ser muy dura consigo misma. Desde el comienzo de aquella primera entrevista, en cuanta referencia que estuviese ligada a sus aptitudes o desenvolvimientos, ella hacía gala de esa rigurosidad extrema que reservaba para sí.  Recién al promediar la consulta me hizo saber que había efectuado tres intentos graves de suicidio en el curso de los últimos años. En una ocasión había intentado ahorcarse, en otra había estado varios días en coma en ese Hospital por un tóxico que había ingerido y no recuerdo por qué medio había procurado consumar el tercer intento real de suicidio. Le pregunté por el consumo de drogas y me dijo que en una única ocasión había probado una pitada de un cigarrillo de marihuana. No es este el espacio para explicar porque pude afirmarle a esa joven que sus intentos de suicidio se relacionaban con el abuso sexual del que había sido objeto en el curso de su infancia. El hecho es que a partir de esa comunicación la chica se desplomó sobre el escritorio que nos separaba y lloró amargamente. En un momento se incorporó y me dijo que deseaba que fuera yo quien le comunicara lo que le había sucedido en la niñez a sus padres; los cité a las 16 hs. de ese mismo día para hacer esa comunicación que me pedía delante de ella. Vino sólo la madre. Por mi lado había procurado la presencia en la entrevista de una de las agentes sanitarias de la fundación solidaria que tiene asiento en el lugar, de modo que al comenzar aquel encuentro éramos 4 personas en el espacio del consultorio. Tome la mano de la madre – la hija también lo hizo – y le comuniqué, mirándola a los ojos, lo que la joven me había pedido. Le expliqué a la madre que los episodios padecidos por su hija habían sido recurrentes, que habían ocurrido entre los 10 y los 12 años de edad y que el ofensor sexual era un tío político, marido de la hermana del padre, añadiendo que los abusos habían ocurrido cuando la joven era convocada en aquel entonces a cuidar regularmente a un primo de muy corta edad por espacio de algunas horas. Ahogando el llanto la madre dijo que presumía que aquello había tenido lugar. Pregunté por la inasistencia del padre y confesé abiertamente que me preocupaba la reacción eventual de este y advertí que la posibilidad de un escándalo perjudicaría a la hija de modo que acordé otra hora para que el padre pudiera venir a verme al consultorio pero este no lo hizo.

Dos días después, la joven se presentó con su hijo en brazos para darme las gracias. Le pregunté por su padre y dijo que él no había venido a la entrevista porque entendía que lo ocurrido habían sido sólo unas “bromitas” de su cuñado. A pesar de ello la chica parecía aliviada y me hizo saber que había acordado el comienzo de un curso de cocinera con la persona de la fundación solidaria que había estado presente en la entrevista. Nada nos permite suponer que su tema se haya resuelto, pero lo hecho marcaba los límites de mi capacidad de intervención.

En horas de la tarde del tercer día de asistencia recibí la interconsulta de una de mis colegas del equipo de pediatría a propósito de un niño de 8 años de edad, que no se dejaba revisar ni tocar; ante aquella actitud del niño me presenté ante él, lo llamé por su nombre, le di la mano en el pasillo y le aseguré que nadie iba a obligarlo a sacarse la ropa ni iba a ser revisado de ningún modo si él se oponía. Inmediatamente después de haberle dirigido estas palabras, en un estallido de lágrimas y enojo el chico pasó a decir a la tía allí presente que ella no entendía nada, que los abuelos tampoco entendían nada y que su propia madre tampoco entendía nada, porque: -“El tío Edi me mete el pito en la cola y a tu marido también se lo mete” (sic).

A punto seguido de oír aquella comunicación del niño me volví a la mujer a la que este se había dirigido – la tía – le dije que podía entender el impacto de la comunicación que acababa de recibir, pero le comuniqué que la prioridad y la urgencia la tenía la situación del niño. Sugerí que a la mañana del día siguiente me acompañara la madre por cuanto iba elevar la denuncia de lo comunicado por el menor ante el Ministerio Público del lugar y lo conveniente era que cuando hiciera mi presentación ella se encontrara conmigo en tanto representante legal del niño. Sin decir más nos despedimos. Quedaban conmigo los números telefónicos de la madre y de la tía pero, a la mañana siguiente, resultaron infructuosas mis argumentaciones telefónicas para que la madre me acompañara. La mujer no negaba en modo alguno la veracidad de los dichos del niño respecto a quien era en realidad su tío abuelo; sin embargo alegaba razones tan diversas como banales para no concurrir, aun cuando le expliqué que de no  acompañarme al presentar la denuncia, su ausencia podría promover la eventual internación del niño en un hogar de amparo.

Agotada esa instancia cumplí con mi deber de salir del hospital, averiguar la dirección del Ministerio Público y presentarme ante la funcionaria a cargo de esa dependencia antes del mediodía.

La Defensora de Menores del lugar no se demoró en atenderme. Le comuniqué lo ocurrido y le acerqué los datos que tenía, pero, a partir de entonces, la funcionaria comenzó a desplegar una extensa y enmarañada sucesión de pasos infinitamente lentos que parecían orientados a obstaculizar, cerrar o acaso a desviar la atención respecto a la denuncia relacionada con lo comunicado por el niño.

La funcionaria me retuvo en ese sitio por espacio de varias horas; ella cumplía con su obligación pero lo hacía con una parsimonia titubeante que prolongaba mucho su quehacer. Después de escucharme decidió llamar telefónicamente a la madre del niño en mi presencia sirviéndose del número que le había alcanzado. Sostuvo una conversación extensa en la que no hizo más que decirle a su interlocutora, una y otra vez, cuanto la comprendía.

En un momento la funcionaria tapó el auricular con la mano y dirigió su mirada hacia mí para decirme que la madre aseguraba que lo que el chico había dicho había sido un chiste. No teniendo nada para comunicarle ni gestual ni verbalmente me limité a guardar silencio esperando que concluyera esa llamada y el trámite prosiguiera.

Concluida esa comunicación, la defensora se mantuvo durante un período en silencio frente al escritorio que nos separaba; era como si esperara algún comentario de mi parte. Finalmente me preguntó si iba a proseguir o no con la denuncia frente a lo cual no hice más que reiterarle lo que le había referido al principio. Recién entonces empezó a redactar mi denuncia a mano en un libro que corrigió con líquido, una y otra vez, las expresiones que elegía para traducir mis dichos, preguntándome por sinónimos que la llevaran a evitar reincidencias textuales insignificantes.

En un momento, intempestivamente, se presentó en el lugar la tía que había estado acompañando al niño en el hospital en la víspera. Ignoro como habrá hecho para ingresar sin anunciarse, sin sentirse tampoco llamada a explicar cuál era el motivo que la traía. ;

Sin siquiera tomar asiento o procurar conocer en qué momento de la entrevista nos encontrábamos pasó a decir a la defensora en un tono de voz algo elevado: “- Todo lo que dice este doctor es mentira”. Por mi parte no existía el ánimo de entablar ningún tipo de discusión personal por cuanto me encontraba cumpliendo con una obligación profesional que estaba exenta de opiniones de índole personal. La verdad, la falsedad o el “chiste” relativo a los hechos referidos por el niño era un tema que debía dirimir a la justicia. Me permití tomar la palabra para sugerirle a esta mujer, con serenidad y respeto, que acaso le convenía presentarse en la comisaría del lugar para plantear la denuncia por las injurias y falsedades que me imputaba.

Volví sobre la defensora para preguntarle, de acuerdo con los desconocimientos que caben esperar desde mi condición de médico, si lo que le estaba sugiriendo a la tía del niño era lo correcto o si acaso estaba a su alcance recibir ella misma la denuncia de esta mujer a posteriori de la mía. La Defensora no contestó mi pregunta; a cambio me hizo saber, en un tono confidente e intimista, una advertencia que sólo en términos conjeturales puedo afirmar que estaba orientada a desalentar mi denuncia  “: – Pero mire doctor que va a tener que venirse hasta la capital de esta provincia.” Supuse que se refería a que más adelante debería comparecer en algún momento como testigo de cargo por la denuncia que estaba elevando. A esa altura me sentí fastidiado y le respondí que concurriría a ese lugar o incluso a la China si eso era lo que correspondía.

A partir de allí la tía del niño invirtió el contenido de sus primeras imputaciones con la indolencia de quien no concibe culpas ni sanciones, ni tampoco vergüenza por la falsedad o la mentira expresada pasó a sentarse en una silla contigua a la mía y con una sonrisa forzada se limitó a conceder a la funcionaria: “- Bueno, lo que dice el doctor es cierto”.

La suma de desenvolvimientos y contradicciones que desplegaban esas dos personas adultas me resultaba desconcertante; no era sólo la impunidad y la sorpresa ante la mentira de la tía en tanto acto inmoral, sino la desmoralización envolvente y sofocante que impartían esas dos personas en la atmósfera de esa dependencia oficial, situada en aquel distrito norteño en el que eran tantas las niñas, los niños y los adolescentes que se quitaban la vida.

Afortunadamente, la pluma de la defensora empezó a fluir menos lentamente para ir plasmando finalmente la denuncia en la que instaba el inicio de una investigación sumaria tendiente a esclarecer los hechos que había comunicado el niño en la víspera respecto a su ofensor sexual. Ese fue, en este caso, el límite de mi intervención.

Aquel chico indignado, de sólo 8 años de edad, se había expresado con contundencia y claridad cuando vio que había chances de ser escuchado. Lo hizo abruptamente delante de 5 o 6 personas adultas que eran desconocidas para él y, lo cierto, es que sus dichos tuvieron la potencia de una bomba cuya fuerza expansiva era preciso aceptar, soportar y comunicar obligatoriamente a las autoridades del lugar por cuanto la denuncia de situaciones como esta constituye un deber jurídico indelegable para un médico, y porque es eso es también lo que impone “la deuda de la vida”.

Los términos “deuda de la vida” aluden al sentimiento de haber tenido mejor suerte que aquel niño en nuestros vínculos primarios. Así, frente a un chico que nos hace saber que no ha sido cuidado ni escuchado convenientemente por los suyos, asistimos al íntimo “deber” (la deuda) de hacer algo por él sin demora; esto es: algo semejante a lo que a su hora han hecho nuestros mayores por nosotros.

Existen, sin embargo, quienes no inscriben esta “deuda de la vida”; se trata de personas que no desarrollan las nociones relativas al cumplimiento de estos compromisos fundamentales que no experimentan el “debido” respeto por la vida y los derechos de los demás.

Hacia 1916, Sigmund Freud hizo referencia a “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo analítico”, en un texto en el que se propuso consignar tres situaciones clínicas relacionadas entre sí por ciertos lineamientos comunes, advirtiendo que se trataba en los tres casos de cuadros que ofrecen especial resistencia al trabajo analítico por la renuencia de estas personas para el abandono de ciertas satisfacciones a las que se aferran por suponerse con derecho a ello; tratándose además de aspectos que se incorporan como rasgos que se fusionan con el carácter singular que detentan estos sujetos. Se trata de aquellos a quienes Freud llamó:

  1. Las “excepciones”.
  2. Los que fracasan cuando triunfan.
  • Los que delinquen por conciencia de culpa.

En nuestro caso nos interesa considerar el primero de estos tres tipos. Al respecto Freud advierte al médico que este se habrá de encontrar siempre con estos pacientes que reclaman ciertos privilegios para sí, por cuanto consideran haber sufrido ya bastante como para tener que renunciar a sus satisfacciones habituales en aras de alcanzar un cambio psíquico eventual a través del tratamiento psicoanalítico. Se trata de seres que se sienten más “acreedores” que “deudores de la vida”; se tienen además como “excepciones” que se muestran enteramente decididos a seguir siéndolo, tratándose de personas que no se consideran “comprendidas en las generales de la ley”, por cuanto presumen haber sido castigados y maltratados excesivamente por lo se creen seres de excepción que cuentan con el derecho a no cumplir con los gravámenes y límites que pesan sobre las mayorías: “Los privilegios que ellos se arrogaron por esa injusticia, y la rebeldía que de ahí resultó, habían contribuido no poco a agudizar los conflictos que más tarde llevaron al estallido de la neurosis”[2]

Para ilustrar a este tipo de carácter Freud prefiere no hacer referencia a casos clínicos propios sino recurrir a una figura literaria escrita por Shakespeare en su célebre tragedia histórica The Life and Death of King Richard III, donde el monarca aparece reflejado por este autor como un hombre jorobado, ambicioso, cruel y sin escrúpulos.

Ricardo III (1452-1485) había ocupado el trono de Inglaterra por poco más de dos años y algunas crónicas le otorgaron a este monarca cierta celebridad fundada por la desagradable deformidad de su aspecto y por la crueldad, vileza y arrogancia con la que perpetraba sus crímenes. Shakespeare lo describe como un ser acuciado por una insaciable búsqueda de resarcimiento, cuyas cavilaciones aparecen reflejadas en el célebre monólogo que el dramaturgo le imaginó en estos términos:

“Yo que he sido estampado así, grosero,
Y sin ninguna gracia para poder lucirme
Ante una fácil ninfa desenvuelta;
Yo que he sido expulsado de toda proporción,
Que he sido traicionado en estos rasgos
Por la naturaleza engañadora,
Deformado, inconcluso, enviado antes de tiempo
Al mundo que respira, y hecho a medias,
Tan defectuoso y lejos de la moda
Que me ladran los perros si me acerco;
Yo ¡entonces!, en este débil tiempo de flautitas,
Con nada me deleito para pasar el rato
Excepto cuando miro mi sombra bajo el sol
Y pienso sobre mi deformidad.
Ya que entonces no puedo
Convertirme en amante
Para alegrar estos amables días,
Elijo convertirme en un villano”

Quienes en cambio habríamos tenido la capacidad de reconocer que la vida es un don, al margen del número de nuestros menoscabos, no soportaríamos ser tan desgraciados como Ricardo III, y a partir de  reconocer esa deuda con la vida se hace imperioso saldar una parte de la misma ante un niño que se indigna y llora al comunicarnos que ha recibido menos atenciones que nosotros y para colmo ha sido objeto de una ofensa sexual grave.

En este punto es preciso tener en cuenta que la “deuda de la vida” que nos plantea ese niño encuentra un fuerte respaldo jurídico que nos conviene repasar e efecto de conocer hasta qué punto estamos facultados u obligados a actuar ante situaciones similares.

En efecto, más allá de ser psiquiatra, pediatra, docente o funcionario público con indelegable obligación de denuncia, la comunicación de situaciones de esta índole constituye una facultad ciudadana que nos concierne a todos y que está vinculada, además, con tratados internacionales que gozan de rango constitucional en la República Argentina.

Estamos lejos, entonces, del caso de Margaret Kelly Michaels, docente de niñas y niños en edad preescolar del establecimiento  “Wee Vivero” de Maplewood, New Jersey, quien recibió en su momento 235 cargos por el abuso sexual perpetrado sobre niñas y niños de esa guardería. Lo que le otorgó una celebridad especialmente penosa a este caso fue que en 1994, la Corte Suprema del estado de New Jersey absolvió a la acusada en un fallo de apelación, porque la reiteración de los interrogatorios establecida una y otra vez sobre los niños había hecho lugar a “retractaciones” por parte de ellos. El tema de la “retractación” de los niños que sufren abuso sexual había sido detallado con precisión  de Ronald Summit hacia 1978[3]. Hoy se trata de conceptos que quienes trabajen en esta temática no pueden desconocer, pero lo cierto es que fue necesario el escándalo de New Jersey para que los trabajos de Summit cobraran notoriedad.[4]

Ahora bien, en orden a la legislación vigente referida a este tema en nuestro medio pasamos a consignar lo siguiente:

  1. a) En 1994 la República Argentina establece una Reforma Constitucional en la que decide, entre otros cambios, incorporar los 54 artículos de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) a su propio marco constitucional. Se trata, entonces, de un cuerpo de normativo que en orden a su rango constitucional no puede ser derogado o modificado por otras leyes; al tiempo que quien conculca una de estas normas quebranta con ello uno de los cimientos fundamentales del edificio ético que nos contiene como ciudadanos.

“La Convención sobre los Derechos del Niño” nació de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día 20 de noviembre de 1989, que orientó sus principios a proteger los derechos y a mejorar las condiciones de vida de los niños de todo el mundo. Hasta el presente ningún otro tratado internacional sobre derechos humanos ha provocado tal consenso. A la fecha, de los 195 estados soberanos e independientes que se encuentran representados en las Naciones Unidas, 192 de ellos firmaron y ratificaron la “Convención de los Derechos del Niño” comprometiéndose a su cumplimiento, siendo este el primer instrumento jurídicamente vinculante orientado a la protección internacional de los derechos de los niños, lo que significa la asunción de otorgar a cada uno de sus artículos una fuerza obligatoria para los Estados que lo suscribieron. La (CDN) es el tratado que reconoce a los niños y niñas como titulares activos de sus propios derechos y sus artículos hacen referencia a los derechos  sociales, culturales, civiles e incluso políticos de todos los niños. Su aplicación también define las obligaciones y responsabilidades que trascienden al Estado e incumben a agentes tales como los padres, profesores, profesionales de la salud e investigadores respecto a ellos.

  1. b) También en 1994 se sancionó en la Argentina una Ley Civil Nacional que estableció su marco regulatorio en 1995. Se trata de la Ley Nacional 24.417 “Contra la Violencia Familiar”, legislación que incumbe mencionar por cuanto la mayoría de los abusos infanto juveniles se perpetran en el seno de los vínculos familiares. Así, en el artículo 1° de esta ley se establece lo siguiente: “Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta Ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho”.
  1. c) En refuerzo de las anteriores, en el año 2005 se sanciona la Ley Nacional 20.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) donde el primero de sus artículos: “La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditivas y eficaces”. En esta misma línea de obligaciones, el 2° Artículo de esta ley agrega:“ Los derechos y garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”.

      Páginas más adelante, el artículo 30° de esta ley lleva por título: – DEBER DE COMUNICAR, y a punto seguido dice: “Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.” Así mismo, el Artículo 31° de esa norma lleva por título: – DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS y agrega: “El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público.”

  1. d) En el año 2011 se sanciona en Argentina la Ley 26.705, conocida también como “Ley Piazza”, considerada en su momento como una ley histórica para todos los mayores de 18 años que habrían sido víctimas de abusos sexuales en el transcurso de su infancia. En un libro de su autoría, un célebre diseñador de modas de apellido Piazza había comunicado el hecho de haber sido abusado en varias oportunidades por un familiar cercano durante su infancia y a partir de allí se constituyó en el impulsor de esta ley que extendió los plazos de prescripción penal del abuso sexual infantil a partir del momento en que la persona abusada cumplía los 18 años. A fines del 2015 esa norma se modificó y se amplió el tiempo de prescripción para que este comience a computarse desde el momento en que la persona abusada hace la denuncia, ya sea que decida encararla a los 30, 40 o 50 años de edad, el plazo de prescripción de ese delito se comienza a computar a partir de entonces.

 

  1. e) En el año 2015, la República Argentina estableció una reforma de su Código Civil y Comercial de la Nación (CcyCN). En este nuevo cuerpo normativo se resalta la jerarquía de los derechos vulnerados toda vez que se atropella a una niña o a un niño, dejando en claro que se trata de acciones que interesan a toda la sociedad, considerando primordiales a estos derechos y guiando las acciones a seguir cuando estos son quebrantados, procurando establecer justicia en estos casos con el menor “costo” posible en términos de economía y celeridad procesales.

Así, ante una denuncia por abuso vale la pena tener en cuenta lo que estipula al respecto el nuevo Código Civil en el Capítulo 10: ARTICULO 103.- Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

  1. a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.
  2. b) Es principal: i) cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de sus representantes legales; ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

 

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales de las niñas, niños y adolescentes. El nuevo Código Civil deja en claro, entonces,  que en el caso en que no hay acuerdo entre los representantes legales del niño y el denunciante, la decisión la tomará el Juez con la intervención previa del Ministerio Público.

Volviendo al tema central que hace lugar a estas líneas diré que, en el trayecto que recorrí diariamente desde el hotel al hospital no vi ni ranchos ni taperas sino viviendas de material. Se me refirió que las viviendas precarias existen campo adentro y no tengo motivo para dudar de esa información; lo que quiero decir, no obstante, es que en ese distrito norteño no vi pobreza material sino pobreza ética.

Tengo para mí, que las niñas, niños y adolescentes de esa localidad no se suicidan por el abuso sexual infantil del que pueden haber sido objeto; tampoco se ahorcan o se pegan un tiro cuando años después comienzan a consumir alcohol u otro tipo de estupefacientes. Estos se suicidan cuando constatan con horror, que los adultos a los que comunicaron esos abusos desestimaron sus dichos y decidieron no hacer nada. La causa primordial de los suicidios infanto juveniles reside, por lo tanto, en el hecho de vivir en medio de una comunidad plagada de adultos enfermos que sufren una contagiosa epidemia de inacción, indolencia y apatía. Los chicos de ese lugar acaso se matan porque todavía están sanos y prefieren morir a tiempo antes de llegar a convertirse en un adulto más en medio de esa epidemia.

La herramienta testimonial aportada aspira a orientar los pasos interdisciplinarios que procuren la protección de quienes todavía no pueden protegerse a sí mismos; se trata, sin duda alguna, de una herramienta modesta, que procede de quien no encuentra otro modo de contribuir al abordaje del requerimiento apremiante que presenta la situación planteada. Pero, como reza una frase de Dante Alighieri: “Los niveles más bajos del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral, se mantienen neutrales”.

Felipe Rilova Salazar

Médico Especialista en Psiquiatría

[1] PAP: Examen de Papanicolaou: Examen citológico cervico – vaginal que permite reconocer la presencia eventual de células anormales, lo que comporta entonces la detección precoz del cáncer de cuello uterino.

[2] Freud, S., “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico” (1916), en: Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1988, tomo XlV, Pág. 320.

[3] Summit, R. & Kryso, J. “Sexual abuse of children: a clinical spectrum”. American Journal of Orthopsychiatry, 48, (1978). pág 235-251.

 

[4] Vale consignar que uno de los tres países del mundo que hasta el momento no suscribieron la Convención de los Derechos del Niño fue, justamente, los EEUU.

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