UN FALLO INCUMPLIBLE QUE PERJUDICA FUNDAMENTALMENTE A NIÑAS Y ADOLESCENTES.

UN FALLO INCUMPLIBLE QUE PERJUDICA FUNDAMENTALMENTE A NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El solipismo judicial es seguramente el responsable de un fallo “dilema” que amerita revisión. El día 13 de marzo de 2012  la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad, el que desde entonces pasó a conocerse como el Fallo: “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, sentando amplia jurisprudencia en un tema sensible y complejo, en el que los honorables Ministros debieron haber deliberado con mayor profundidad sobre el tema incluyéndo la consulta a médicos asistenciales antes de pronunciarse.

Según este, para que una mujer pueda acceder a la práctica de un aborto en un hospital público, debe firmar una declaración jurada dejando constancia de que el embarazo que presenta es el resultado de un abuso sexual con acceso carnal y, a partir de allí, los profesionales que la asistan deben efectuar la práctica que solicita sin que ninguna responsabilidad penal pueda recaer más tarde sobre aquellos que se lo practicaron y sin dar curso a ninguna investigación que procure identificar al violador.

Para más, únicamente debe requerirse autorización de las/os representantes legales para realizar el aborto si  este se practicase en niñas menores de catorce años de edad; o sea que aquellas que al día de hoy – 19 de marzo de 2018- hayan cumplido ya los 14 años, para practicarse un aborto alcanza con qué concurran solas a un hospital y firmen la declaración jurada a la que se ha hecho mención, sin que lo asistentes deban dar aviso a los padres para proceder  a la realización de la práctica que la niña solicita[1].

Quienes se pronunciaron por admitir la prescindencia de la autorización de los padres para que se practique un aborto sin consentimiento ni conocimiento de ellos, los mismos habrán entendido, quizás, que había que priorizar los que se conocen como “Derechos Personalísimos”, consignados en el Capítulo III del nuevo código Civil y Comercial de la República Argentina (2014 a)–  vigente en nuestro país a partir  del 1 de agosto de 2015-..

Estos “Derechos” son aquellos que, para ejercerse, no requieren la autorización o el arbitrio de ningún representante legal.  Para comprender el espíritu de quienes sentaron esta jurisprudencia,  tendríamos que remitirnos a la lectura del artículo 52, del Capítulo 3, del Libro Primero del Código referido, en donde se consigna : “La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I.

Si avanzamos en el CCCN y nos remitimos al punto sugerido, en el artículo anterior encontramos que, en efecto, hay una frase sucinta presente en el  inciso b) del Artículo 1709 en lo que se conoce como “la autonomía de la voluntad”. Ese inciso y ese Artículo están redactados en el marco de lo que se conoce como “Prelación normativa”[2].

Ahora bien, en el mismo Libro y Capítulo en el que aparece este inciso, en el artículo siguiente, el 1710, se hace referencia: inc. a) “a evitar el daño”; inc. b) “adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud”. Inc. c) “no agravar el daño si ya se produjo”.

Desde otro ángulo, si en lugar de haber dado un salto desde el articulo 52 del CCCN hasta el Libro Tercero, Título V, Capitulo 1, ( lo que comporta un pasaje desde la página 15 hasta la página 300); o sea: si sólo nos demoramos en la misma página referida a los “Derechos Personalísimos” nos encontramos con el articulo 56:- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. ”Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

                      Retomando la crítica al Fallo: “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, resultan más que inquietantes ciertos aspectos comunes que conciernen al médico asistencial, tal como ocurre, por ejemplo, con la  ineludible obligación de constatar, ante  los “consentimientos informados” (Artículo 59 de Nuevo Código Civil), que  las solicitantes de corta edad hayan logrado comprender cabalmente los riesgos y los efectos adversos a los que se exponen lo que está consignado en los incisos d) y e)  de la normativa vigente referida al Consentimiento Informado.

El Nuevo Código Civil estableció variadísimos cambios, considerando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo que produjo  modificaciones en el instituto de la patria potestad. La nueva normativa acoge lo que la doctrina  denomina “autonomía progresiva” de los menores, entendiendo que la capacidad de los mismos va aumentando conforme se desarrollan y maduran, y el código pretende receptar dicha realidad haciendo lugar al término “acompañar” en orden al debido respeto a esa autonomía progresiva, sustituyendo en muchos casos este vocablo al término “representación”, utilizado con mucha mayor frecuencia en el Código Civil anterior donde siempre debía ser “otro” el que planteara los reclamos jurídicos del menor ocupando así su lugar, en contraste con lo que ocurre con el “acompañamiento” donde es el mismo niño el que es escuchado sin que sea otro quien lo represente.

Lo anterior demuestra progresos valiosos en relación a “los derechos incumplidos de la infancia”. No obstante, quienes en nuestro medio toman posición sobre estos temas desde  sus abstracciones de escritorio debieran recordar que la complejidad de ninguna situación desaparece por el sólo hecho de que se la desconozca. Puede una niña, de tan sólo 14 años comprender – en forma “express”- los alcances de lo que solicita? ¿Quién responderá más tarde por las secuelas subjetivas de estos abortos “express” que fueron suscriptos por aquellas a quienes ha resultado imposible “acompañar” a comprender los riesgos a los que se exponen?

 

¿Se puede desconocer acaso el hecho de que las personas con frecuencia demandan algo movidas por la desesperación? Atentos a que los datos consignados por el estudio de Finlandia habrían alcanzado amplia divulgación en la Prensa Médica Internacional – país en el que el aborto es lícito desde 1911 donde se demostró a través de un estudio efectuado sobre toda la población en el curso de 17 años que las mujeres que abortan incrementan 8 (ocho) veces la tasa de suicidios en el año posterior a esa práctica, y en un alto porcentaje pasaron de las ideas suicidas a los intentos por quitarse la vida que resultaron ser especialmente graves en las menores de 30 años – asistimos al dilema de poder llegar a  cumplir con las formas pero no con el espíritu de lo que significa la firma de los “consentimientos informados” cuando las demandantes son menores, cuando se trata de una práctica “express” y cuando además se presentan solas para suscribir y firmar un consentimiento sin haber alcanzado una comprensión de los riesgos a los que se exponen. En consonancia con el espíritu del “acompañamiento” que alienta la nueva legislación, si se les otorga esa información a quienes recién habrían comenzado a transitar su adolescencia – en cumplimiento de la normativa vigente – debiera mediar el apoyo psicológico previo a efectos de despejar qué es lo que las mueve a plantear su pedido. ¿Cuantas  de estas solicitudes acaso podrían cambiar si se les otorgara el apoyo referido?. ¿Se tienen acaso en cuenta los requerimientos de asistencia psicológica a futuro que los estudios científicos advierten que habrán de necesitar aquellas niñas que se hayan pronunciado por efectuar el aborto?

Tenemos datos suficientes para saber que serán aquellas mujeres que se pronuncien por el aborto las más habrán de necesitar asistencia psicoterapeútica ulterior y no está contemplada la disposición de espacios psicoterapéuticos suficientes para paliar el incremento exponencial de las muerte lenta de mujeres que desencadena la legalización del aborto.

Las morgues hospitalarias y judiciales arrojaron un número de 43 muertes por abortos caseros en el año 2016 en la República Argentina (estas son las últimas cifras disponibles). El epidemiólogo Elard Koch estudió el problema a nivel internacional y advierte que los países en los que se legalizó el aborto ese número se incrementó, sin tener en cuenta la serie de secuelas familiares, sociales y trasgeneracionales que las estadísticas del Ministerio de Salud no computa.

 

Por último, pero no por eso menos importante, el “suicidio” y los “accidentes” constituyen la primera causa de muerte en los adolescentes. ¿Los Magistrados que sentaron jurisprudencia a través del fallo F.A.L. habrán recibido esta información? Descarto que no, en orden a lo cual este fallo tiene que ser revisado sin demora.

 

[1] En el Libro Primero, Sección 2°, del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina en el artículo 26 constatamos que se establece: “La persona menor de edad – la que según el art 25 no ha cumplido aún los 18 años de edad y es denominada adolescente al cumplir los 13 años – ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”( habitualmente: sus padres).

[2] Del lat. praelatio, -ōnis Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara. Diccionario de la Real Academia Española (2014 a)

 

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